Gobiernos y redes sociales usan la big data para predecir comportamientos

105

Al igual que el universo, la big data crece de manera exponencial. Cada dos años se duplica en magnitud. Para 2020, se espera que existan tantos bits en el mundo digital como estrellas, según cálculos de la Corporación Internacional de la Data –IDC por sus siglas en inglés–. Su crecimiento va de la mano con usos diversos de la información, que apuntan a la predicción del comportamiento de la sociedad.

En Venezuela, el uso de la big data apunta al control social a través de la plataforma del carnet de la patria. Un reportaje que publicó El Pitazo arrojó que, con inspiración de China, el Gobierno de Nicolás Maduro busca determinar los hábitos de consumo de aproximadamente 15 millones de venezolanos, o sea más de la mitad de la población, si se toma como referencia el último censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2011.

La big data que acumula el sistema patria va en franco ascenso a medida que el Ejecutivo otorga bonos y subsidios a aquellos que tengan el documento paralelo a la cédula de identidad. En menos de un año, entre diciembre de 2017 y la fecha actual, el Gobierno ha ofrecido 22 bonos.

De acuerdo con Marianne Díaz, analista de políticas públicas para Latinoamérica de la ONG Derechos Digitales, la “sed de datos” del Gobierno no es una novedad en el país. La experta recuerda la Lista Tascón —implementada en 2004— para discriminar políticamente a funcionarios de la administración pública y agrega que se profundizó con los captahuellas en el ámbito electoral y alimenticio.

Como sucede en Latinoamérica, el Gobierno de Venezuela interpreta la seguridad digital como un mecanismo para proteger sistemas informáticos de ataques de enemigos internos o externos, explica Díaz. Lo hace “particularmente como consecuencia de una búsqueda constante de enemigos y de la insistencia en ver en las herramientas tecnológicas posibles armas ‘contra la revolución’”, indica quien fue profesora de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab).

Pero la analista de políticas públicas hace dos salvedades en el enfoque criollo que lo distancian de los países de la región: la militarización de la vigilancia —a través de organismos como el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa)— y el incumplimiento de los estándares mínimos internacionales de derechos humanos en la implementación de esta vigilancia.

¿Qué tan útil fue esta publicación?