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Gobiernos y redes sociales usan la big data para predecir comportamientos

En países como Venezuela, gracias al carnet de la patria, así como en China e India, la big data se usa para controlar a la población mediante subsidios gubernamentales. Pero la dinámica fluctúa en las redes sociales, como Facebook y Twitter, donde los datos se usan como mercancía y pueden incluso determinar quién resulta electo en una votación presidencial

Noviembre 3, 2018

Por: Andrea Tosta

Al igual que el universo, la big data crece de manera exponencial. Cada dos años se duplica en magnitud. Para 2020, se espera que existan tantos bits en el mundo digital como estrellas, según cálculos de la Corporación Internacional de la Data –IDC por sus siglas en inglés–. Su crecimiento va de la mano con usos diversos de la información, que apuntan a la predicción del comportamiento de la sociedad.

En Venezuela, el uso de la big data apunta al control social a través de la plataforma del carnet de la patria. Un reportaje que publicó El Pitazo arrojó que, con inspiración de China, el Gobierno de Nicolás Maduro busca determinar los hábitos de consumo de aproximadamente 15 millones de venezolanos, o sea más de la mitad de la población, si se toma como referencia el último censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2011.

La big data que acumula el sistema patria va en franco ascenso a medida que el Ejecutivo otorga bonos y subsidios a aquellos que tengan el documento paralelo a la cédula de identidad. En menos de un año, entre diciembre de 2017 y la fecha actual, el Gobierno ha ofrecido 22 bonos.

De acuerdo con Marianne Díaz, analista de políticas públicas para Latinoamérica de la ONG Derechos Digitales, la “sed de datos” del Gobierno no es una novedad en el país. La experta recuerda la Lista Tascón —implementada en 2004— para discriminar políticamente a funcionarios de la administración pública y agrega que se profundizó con los captahuellas en el ámbito electoral y alimenticio.

Como sucede en Latinoamérica, el Gobierno de Venezuela interpreta la seguridad digital como un mecanismo para proteger sistemas informáticos de ataques de enemigos internos o externos, explica Díaz. Lo hace “particularmente como consecuencia de una búsqueda constante de enemigos y de la insistencia en ver en las herramientas tecnológicas posibles armas ‘contra la revolución’”, indica quien fue profesora de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab).

Pero la analista de políticas públicas hace dos salvedades en el enfoque criollo que lo distancian de los países de la región: la militarización de la vigilancia —a través de organismos como el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa)— y el incumplimiento de los estándares mínimos internacionales de derechos humanos en la implementación de esta vigilancia.

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Información clasificada o pública

El Cesppa se encarga de recopilar y organizar información de interés estratégico para el país que sirva para la seguridad nacional. Además, aporta guiatura a agencias de inteligencia, entre las que se incluye el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en cuanto al estatus de la información recopilada, pues decide, por ejemplo, si debe catalogarse como clasificada o si debe hacerse pública.

Desde el momento de su creación en octubre de 2013 y su publicación en Gaceta Oficial en febrero de 2014, el Cesppa prendió las alarmas de las organizaciones sin fines de lucro frente a la vulnerabilidad de los datos de los venezolanos. También lo hizo el anuncio del actual mandatario sobre la implementación de una identificación paralela a la cédula de identidad, que se implementó en enero de 2017 bajo el nombre de carnet de la patria.

El gobierno de Maduro encontró su inspiración en China, país que asesoró y financió la herramienta que hoy compila una big data de más de la mitad de la población del país. Con el carnet, se busca determinar “qué sucede en todos los rincones del país”, tal como lo afirmó el ministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Hugbel Roa, en diciembre de 2017, a casi un año del lanzamiento del plástico.

Tanto China como India tienen maquinarias de análisis de la información de su ciudadanía. En el primero, el Sistema de Crédito Social chino beneficia a las personas que considere confiables y castiga a las que no, a través de constantes evaluaciones de la población del país. Libertades básicas como el libre tránsito pueden verse coartadas con este sistema. En el segundo, la Autoridad Única de Identificación de India implementó el sistema Aadhaar con la finalidad de asignar un número de identidad de doce dígitos obligatorio para quienes quieran beneficios estatales como subsidios alimenticios y de combustible.

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Vigilancia personalizada, no personal

La vigilancia que imparten ambos países asiáticos se siente personal, al igual que sucede cuando un venezolano ingresa en el sistema patria por primera vez y descubre cómo la plataforma acumula información hasta de su núcleo familiar. Pero la máquina desconoce quiénes somos, y tampoco le interesa. Un artículo de Carlos del Castillo publicado en Eldiario.es asegura que los sistemas que manejan big data necesitan información para predecir futuras necesidades de la población, por lo que los datos cobran valor transaccional.

La capacidad de producir se convirtió en un producto real que encontró su nicho en la publicidad a través de las redes sociales. Con un algoritmo, Facebook puede detectar una necesidad específica de un usuario y “bombardea”, como indica del Castillo, con artículos y finalmente con anuncios. “Es la forma más directa de hacer dinero con la tecnología de la predicción”, reza el reportaje sobre la empresa de Mark Zuckerberg, que reportó tener dos mil millones de usuarios en junio de 2017, o sea 27 % de la población mundial. La cifra incluso supera la población conjunta de China y Brasil.

El papel que desempeña la big data en el análisis predictivo de la población es vital, indica el portal Business.com. No solo se trata de la predicción del comportamiento del consumidor, sino que pueden usar sus conclusiones para diversos análisis.

Las elecciones presidenciales Estados Unidos en 2016 combinaron una maquinaria tecnológica masiva con información detallada de los votantes estadounidenses. La sinergia movilizó electores de forma más fácil, rápida y económica que si se hubiese usado la persuasión a los votantes indecisos como método. “La data ayuda a los políticos a pensar en sus constituyentes no como las personas que votan y viven en sus respectivas áreas, sino como aquellos que votan por ellos”, dice Eitan Hersh, quien es profesor en Ciencias Políticas de la Universidad de Yale, a NBC News.

Las tecnologías de la predicción también han comenzado a apoderarse de los procesos democráticos del mundo. Donald Trump, actual presidente de Estados Unidos, es producto de un algoritmo que atraía mayor número de usuarios y que lo llevó a la Casa Blanca en 2016, de acuerdo con Douglas Rushkoff, un hacker con un doctorado en Nuevos Medios de la Universidad de Nueva York. Rushkoff alertó a Eldiario.es que llegaría el fin del sistema democrático si continúa esa práctica: “Las redes sociales no son un buen lugar para la democracia. Funcionan como un reality de televisión. Esta es la razón por la que los estadounidenses eligieron a una estrella de televisión como su presidente. Creen que American Idol es democracia”.

Así como se usaron los datos de los estadounidenses para ganar una elección, el director del Supervisor Europeo de Protección de Datos, Leonardo Cervera, indicó a Diariosur.es que la información personal que pulula en internet se usa para fines policiales y de seguridad en Europa, al igual que en Estados Unidos.

La Policía de Los Ángeles, por ejemplo, toma el big data de la población, identifica las ciudades con mayor índice de criminalidad en el país y ubica a sus funcionarios en los barrios “más conflictivos, provocando que sus residentes sean los más interrogados y vigilados”, indica Eldiario.es. La acción predictiva genera en esa población “la continuación de décadas de políticas discriminatorias y racistas bajo la aparente neutralidad de los datos objetivos”, continúa el portal.

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Sin ley en el panorama

Países como Estados Unidos adelantan legislaciones que protegen a los individuos y los datos que suministran en internet. El 30 de junio de 2018, el estado de California aprobó una ley, que entrará en vigencia en 2020, que ofrece a los usuarios el derecho de saber qué información recopilan compañías como Facebook y Google, cuál es la finalidad y con quién la comparten. CNN la catalogó como la ley más estricta en el país.

La Unión Europea (UE) modernizó la legislación en la materia con el Reglamento General de Protección de Datos, que se aplica en todos los países miembros e incluye empresas no solo establecidas en la UE, sino cualquier otra que opere con datos de ciudadanos europeos, independientemente de donde esté radicada.

Además de Estados Unidos y la UE, la analista en políticas públicas rescata que la mayoría de los países latinoamericanos tiene legislación en la materia de protección de datos personales. Venezuela es la excepción, pese a que el artículo 28 de la Constitución de 1999 —aún vigente— contempla el derecho al acceso a la información y a los datos que se acumulen en registros oficiales o privados, así como “de conocer el uso que se haga de los mismos y su finalidad, y a solicitar ante el tribunal competente la actualización, la rectificación o la destrucción de aquellos, si fuesen erróneos o afectasen ilegítimamente sus derechos”.

El informe El derecho a la privacidad en Venezuela, que elaboraron las organizaciones Privacy International y Acceso Libre junto a la Clínica de Derechos Humanos Universales de la Universidad de Harvard, destaca que los esfuerzos de la Asamblea Nacional en promulgar una ley de protección de datos cesaron en 2005. Tampoco se vislumbran esfuerzos actuales por rescatarla cuando el parlamento está constituido mayoritariamente por la oposición venezolana desde que esta ganó las elecciones parlamentarias en 2015.

Díaz cataloga como urgente la creación de una normativa mínima con respecto al tratamiento de los datos personales por parte del Estado y de las empresas privadas. “En la actualidad, los ciudadanos no tienen absolutamente ningún tipo de control sobre la manera en que sus datos (incluyendo datos especialmente sensibles, como sus datos biométricos y datos relativos a la filiación política, la identidad sexual, etcétera) son almacenados, utilizados e incluso compartidos por quienes los manejan”, asevera.

Diversas ONG han denunciado la coacción política que se impulsa desde el Gobierno, especialmente evidenciada durante la campaña presidencial de los comicios conjuntos del 20 de mayo de 2018. “El carnet es un mecanismo de control social, porque lo hagan o no lo hagan, la gente cree que puede ser vigilada”, expresa Iria Puyosa, especializada en comunicación y opinión pública. El alcance de la vigilancia lo compara incluso con el de los grupos paramilitares armados, conocidos como colectivos, que operan en el país para controlar socialmente a la ciudadanía.